- El pasado 29 de julio,
se publicó la Ley 26/2015, de 28 de
julio, del sistema de protección al menor y a la adolescencia (BOE número 180,
del 29). Dicha normativa, está generando una serie de alarma entre el
profesorado de esta Región a la hora de tener que demostrar la NO existencia de
antecedentes penales o relacionados con delitos del tipo sexual.
Esta
Ley 26/2015 modifica a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, queda redactada en los siguientes términos:
Ocho.
Se modifica el apartado 5 al artículo 13, que quedan redactados como sigue: Será requisito para el
acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata
de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones,
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la
aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes
sexuales.
Desde el Sindicato SIDI, y ante la necesidad de acreditar
dicha documentación, solicitamos se habiliten los procedimientos oportunos de
simplificación, de tal forma que, en el caso de ser necesario aportar dicha
documentación, se haga de oficio, previa autorización telemática del interesado
desde su expediente peronsonal y evitando el envio de miles de documentos que
implicarían un trabajo descomunal e innecesario.
Por lo expuesto,
A
la Consejería de Educación y Universidades SOLICITO, que teniendo por
presentado este escrito, se sirva admitirlo, y tenga por realizadas las
anteriores manifestaciones y provea de conformidad a lo expresado en el cuerpo
de este escrito.
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