Un año y cuatro meses de cárcel, además de multas e indemnizaciones
superiores a 6.o40 Euros, es la pena que pide la fiscalía de Barcelona para los
padres de una alumno que presuntamente agredieron y amenazaron de muerte al
conserje y dos maestras de la Escuela Eduard Marina.
Se trataría del primer caso, de agresión a profesores en Cataluña, que se
trata judicialmente como atentado a funcionario público (delito) y no como
una simple falta. Los hechos habrían ocurrido el 11 de octubre de 2006, en el Centro de
Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eeduardo Marquina, cuando los padres de un
alumno de 4 años, al prohibírsele la entrada ante la su reiterada negativa a
abonar los 5 euros mensuales del servicio de acogida en la escuela de 0830 a
0930.
Según las conclusiones provisionales de la fiscalía Juan V.A. y Montserrat M.G. amenazaron de muerte a la
directora, María Dolores C.Q., a la jefa de estudios, Gloria Z.B., y a la
conserje, Carmen P.R, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a
las que ha tenido acceso Europa Press. Montserrat amenazó de muerte a la
directora, mientras el Juan V. le animaba. Más tarde repitieron la acción
con la jefa de estudios, a la cual Montserrat cogió por el cuello y le agarró
por el brazo dándole empujones.
Más tarde la conserje y su hijo fueron increpados y amenazados por Montserrat
por llamar a la policía.
Posteriormente volvieron al centro y amenazaron e insultaron a otros
profesores.
Como consecuencia de todo esto, la Jefa de Estudios ha sufrido una
crisis ansioso-depresiva que necesitó asistencia médica, baja laboral, terapia
farmacológica y tratamiento psiquiátrico.
Mientras que la conserje, experimentó síntomas de ansiedad que incrementaron
sus patologías respiratorias y disgestivas, provocando su baja laboral.
La fiscalía ha pedido por atentado a funcionario público una penas de
16 meses de prisión para cada uno de los padres junto con indemnizaciones que
suman 6580 Euros, mientas que el departamento de educación de la
Generalitat que se personó como acusación particular pidió 2 años de cárcel y
multas que superan los 2340 Euros, además de las indemnizaciones que se
determinen para cada una de las afectadas.
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