Artículo de JUAN PUERTO PEDRAZA, publicado en el Diario de Córdoba.

Decía Pablo Picasso que, durante el verano en España, a las cinco de la tarde, lo único importante que se puede hacer es ir a los toros. Sin ánimo de entrar en polémica sobre las virtudes o maldades de la llamada "fiesta nacional", para mañana, 23 de junio (verano), 4.439 ciudadanos y ciudadanas, que han presentado solicitud en nuestra provincia, a partir de las cinco de la tarde, tienen una cosa importante que hacer: presentarse al acto con el que se inicia la convocatoria de acceso al Cuerpo de Maestros.

Para el desarrollo del proceso, en nuestra provincia, se ha dispuesto un operativo formado por 32 tribunales y 4 comisiones de valoración. Hablamos de un colectivo cercano a 200 funcionarios y funcionarias docentes al que debemos añadir el personal de administración y servicios, dependiente de la Delegación provincial, que desempeña sus funciones tanto en los servicios centrales como en los centros donde se ubican los tribunales. Para optar a alguna de las 4.012 plazas ofertadas, los opositores y opositoras han sufragado, en concepto de tasas de examen, una cuantía superior a los 275.000 euros (casi cincuenta millones de las antiguas pesetas).

Sea nuestro deseo el que este operativo funcione con los niveles de calidad y eficacia adecuados a las tasas abonadas (las más altas de España) y que, muy en especial, la actuación de los tribunales se ajuste a los principios de derecho recogidos en nuestro ordenamiento constitucional: capacidad, mérito e igualdad.

Llegado aquí, nos planteamos la siguiente cuestión: ¿Es el modelo actual de oposiciones el sistema más adecuado para seleccionar al profesorado? Un sistema de selección del profesorado debe cumplir unos objetivos: amplio respaldo social y político; estabilidad; conseguir que el personal seleccionado es el que necesita un sistema educativo de calidad, tanto en número como por su capacidad para el trabajo en el aula.

Admitida esta base previa, analicemos: 1º.- ¿Está bien dimensionada la oferta? Me faltan datos para responder concretamente pero tengo un indicio que me indica que no: la tasa de reposición. Durante el gobierno anterior se fijó en los Presupuestos Generales del Estado el que en las ofertas de empleo público no se sacaría un número superior al 25% de las bajas vegetativas. Corrobora este argumento el hecho que la Administración Pública, en general, presente actualmente unas tasas de temporalidad preocupantes con el consiguiente aumento de personal interino. A esto hemos de añadir que desde el año 1991 se viene produciendo un proceso de jubilación anticipada del profesorado que ha afectado a un porcentaje importante de maestros y maestras; además de la escolarización a los tres años, con los consiguientes aumentos de profesorado que esto conlleva.

2º.- ¿Es adecuado el sistema? El profesor JosE Mº Merino considera que un sistema adecuado de selección debe cumplir los siguientes requisitos: universalidad de la oferta; igualdad de oportunidades; criterios objetivos en la aplicación de la selección; seleccionadores capaces y dotados de profesionalidad; y procedimientos racionales, públicos y escritos, que no generen indefensión.

Estos criterios, que funcionan razonablemente bien en los procesos de selección de personal de administración y servicios, en el caso del profesorado adquieren una especial complejidad que viene motivada por el perfil profesional que se requiere.

En la oferta que nos ocupa, los aspectos 1 y 2 no son cuestionables pese al empecinamiento de algunas organizaciones sindicales en propugnar un modelo que, reiteradamente, ha sido declarado inconstitucional por los tribunales (sentencias 99/1987, 27/1991, 148/1993, 302/1993), el resto son claramente cuestionables.

En breve será remitido a las Cortes el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). De igual manera, el debate sobre la Enseñanza Superior está encima de la mesa. Dos temas claves como son la formación inicial del profesorado: en la propuesta inicial figura para maestros titulación grado (cuatro años), para secundaria post-grado (seis años) y los sistemas de selección del profesorado deben resolverse. Creo que existe un amplio consenso en dar una respuesta adecuada y duradera a estos temas por ser estratégicos para nuestra sociedad. Pero también, el nuevo sistema de selección debe servir para solucionar determinadas injusticias históricas: me estoy refiriendo al personal interino. Cuando se inició la implantación de la Logse se adoptó un procedimiento extraordinario por el que más de 8.000 profesores/as interinos (un 80% de las 10.000 plazas ofertadas) accedieron a los cuerpos docentes. El momento actual exige, con la experiencia acumulada y la doctrina jurídica del Tribunal Constitucional, un esfuerzo en esta materia y conseguir una estabilización de las plantillas. Es en este marco de eficacia y solidaridad en el que han de anclarse las soluciones.

 Ver artículo de JUAN PUERTO PEDRAZA, ha sido publicado en el Diario de Córdoba.