La Consejería de Educación de Castilla y León salió al paso de las críticas a los miembros de los tribunales, tanto de algunos de los opositores como del sindicato Comisiones Obreras de Castilla y León.

 Desde la Junta se defendió que el trabajo de los examinadores «no es manipular las notas de las oposiciones, sino que se rigen bajo el criterio de objetividad y transparencia».