Son muchos los casos de denuncias a profesores que dañan la imagen personal y profesional de nuestro colectivo.

Muchas tienen por su gravedad una resonancia social mayor que el resto, pero no debemos olvidar las que sin tanta resonancia y siendo falsas, dañan igualmente la moral y psicología del profesor que las recibe.

Debemos tener en cuenta que la duda se convierte en un dedo acusador que pocos pueden soportar.

Hace ya algunos cursos conocí el caso de una interina que fue denunciada por

La profesora sufrió una presión psicológica tremenda durante el tiempo de espera del juicio y tan solo recibió ayuda legal por parte de la Consejería de Educación quienes se limitaban a orientarle ya que argumentaban que en un juicio de faltas no era necesario comparecer con letrado.

La profesora recibió, eso sí, el total apoyo del claustro quienes sufragaron de su propio bolsillo el servicios de un abogado defensor.

Tras salir totalmente absuelta de los cargos, la profesora debió a nuestro entender tomar acciones legales contra la madre del alumno por difamación, calumnias y otros cargos que atentaron contra su imagen personal y profesional, pero no lo hizo porque no tuvo apoyo económico por parte de la Consejería.

Es por ello por lo que el SIDI pide una mayor implicación de la Consejería creando un departamento estable que se encargue de estos casos tanto jurídica como psicológicamente apoyando al profesorado implicado en estos asuntos, ya que tristemente las noticias salen a la prensa con mucha fuerza y luego cuando en muchas ocasiones terminan demostrándose que eran inciertas el daño al profesor ya está hecho.

Desde el SIDI pensamos que es labor de los jueces dirimir la verdad o falsedad de una acusación pero creemos que la Consejería de Educacón no debe permitir que cualquier padre pueda denunciar a un profesor a la ligera.

Debería saber que el peso de la ley caerá sobre él si su denuncia no es cierta, al igual que recaerá sobre el profesor si se demuestra la veracidad de la denuncia.